Ciudad de México, 25 Jun. (SinEmbargo/Notimex).- La Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJ) inició una investigación ministerial para deslindar responsabilidades y sancionar a los presuntos responsables del maltrato a un menor de edad, hechos ocurridos en la colonia Américas, en esta ciudad.
La imagen de un nuevo caso de maltrato a un menor, al que su madre amarró de pies y manos a la herrería de protección de una ventana, en Xalapa, Veracruz, se difundió este miércoles en las redes sociales.
De acuerdo con medios locales, los vecinos de la colonia El Coyol, en Xalapa, denunciaron públicamente el abuso contra el menor por parte de sus padres.
La denuncia ciudadana la hizo Mariza Guerrero, quien a través de su perfil de Facebook compartió las fotos del menor atado en la venta de su casa, imagen que fue tomada el pasado 21 de junio.
La vecina del menor dijo que se trata de una “familia cristiana conformada por cuatro menores de 13, 10, 4 y 2 años de edad”, señaló en entrevista telefónico con e-consulta.
“Además de amarrarlos a las ventanas, son sometidos a otros castigos y ayunos, para inculcarles el temor de Dios, la misma madre es quien los amarra con el consentimiento del padre”, refirió Mariza.
Según el testimonio de Mariza Guerrero, recogido, en la familia hay cuatro menores de edad de 13, 10, 4 y 2 años de edad. Narró que, además de amarrarlos a las ventanas, los menores son sometidos a otros castigos y ayunos, “para inculcarles el temor de Dios”.
A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía del Estado inició la integración de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/SF5/205/2014, de la cual tomó conocimiento la Agencia Quinta del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Familia.
Como parte de las tareas de investigación, la PGJ recaba los testimonios de familiares, de vecinos y de las redes sociales, para conocer las circunstancias y proceder en contra de los presuntos responsables.
Mientras tanto, el DIF Estatal, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, inició los procedimientos que marca la ley para proteger la integridad física y psicológica del menor.
